Bahamonde.

La represión de la posguerra.

Toda guerra civil comporta un alto grado de violencia política entre los civiles y la española no fue una excepción. De hecho, la violencia ya se había apoderado de la vida política española antes de la guerra y durante ella no hizo más que incrementarse. Los estudios más rigurosos cifran en alrededor de 400.000 las muertes violentas producidas durante la Guerra Civil, repartidas a partes iguales entre ambos bandos.

El final de la guerra no acabó con la represión, ni abrió paso a la reconciliación, ni tampoco supuso el fin de la militarización de los juicios políticos. Al seguir en vigor el estado de guerra hasta 1948, se mantuvieron los tribunales militares y las fuerzas de seguridad continuaron sometidas a disciplina militar. Los Tribunales Militares solían ventilar alrededor de 15 casos a la hora, sin garantías procesales y presumiendo la culpabilidad del acusado.

Con anterioridad al fin de la guerra, el gobierno nacionalista de Salamanca declaró fuera de la ley todos los partidos, asociaciones y sindicatos que habían apoyado al gobierno republicano. De igual forma, se impuso una estricta censura de prensa, se prohibió toda manifestación de la diversidad cultural y lingüística del estado y se persiguió cualquier tipo de disidencia política, religiosa o ideológica. Una vez finalizada la guerra esta legislación fue completada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Ley de Represión de la Masonería y Comunismo de marzo de 1940, que extendían su jurisdicción a todas las formas de colaboración con el bando republicano de forma retroactiva hasta el 1 de octubre de 1934. Sin embargo, a pesar de la laxitud de ambas normas, la persecución fue selectiva, apuntando a los principales responsables de las organizaciones e instituciones republicanas.

La dureza de la represión fue amortiguándose con el paso del tiempo. A finales de 1939 la población reclusa ascendía a 270.719 personas; a finales de 1945 la cifra había descendido a unos 40.000, de los cuales menos de la mitad podían considerarse como presos políticos. Las ejecuciones por motivos políticos, que se calculan en unas 28.000 durante la posguerra, se convirtieron en un fenómeno excepcional a partir de 1945.